¿Qué piensa el cine español de su nueva ley?

Habrá sido por lo que haya sido. Por el poder de persuasión del nuevo Presidente de la Academia Antonio Resines, que se reunió a finales de abril con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, o por el trabajo que la llamada Comisión Mixta de cine ha realizado en los últimos tres años con el fin último de cambiar el modelo de financiación. Fuese por lo que fuese, ayer, 14 de mayo, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley en el que se modifica el sistema de ayudas a la amortización en la producción de cine, es decir, aquellas destinadas a la creación de un cine más comercial.

El Real Decreto-Ley sustituye las actuales ayudas –presentes en la Ley de Cine de 2007– por una nueva línea de ayudas anticipadas que convivirán con las tradicionales ayudas a proyectos. Además, se mantendrán las ayudas vigentes de manera transitoria hasta 2018. El Gobierno ha aprobado también dos créditos extraordinarios de 16 millones de euros con los que se completarán las amortizaciones de las películas pendientes de pago. “La reunión con Mariano Rajoy se fijó para tratar este último punto porque la situación de las productoras era delicada –explica Juan Gordon, productor de También la lluvia y Celda 211, también presente en el encuentro–, pero sobre todo con la intención de empezar una nueva etapa de diálogo, una nueva relación cordial y dialogante entre el sector del cine y el Gobierno”.

“Es una muy buena noticia para el sector cinematográfico –explica José Antonio Félez, productor de La gran familia española o La isla mínima–. Por fin tenemos ante nosotros un panorama con muchas menos incertidumbres de las que teníamos hasta ahora”. Esa falta de seguridad a la que se refiere el productor parte de un cambio en la forma de pago de las ayudas. “Antes las ayudas eran a posteriori y con plazos muy largos –argumenta–. Pasaban casi 30 meses desde el estreno hasta que percibíamos las ayudas”. En el Real Decreto-Ley aprobado ayer se establece que éstas se conceden a priori y con un calendario de pagos en los que se van haciendo los distintos desembolsos que comienzan, según fuentes del ICAA, antes del rodaje de la película.

Otra ventaja respecto al anterior sistema de financiación es que el pago de las ayudas ya no dependerá de las partidas presupuestarias que haya en el momento del cobro. “Con el modelo actual, si no había partida podían prorratear la ayuda”, explica José Antonio Félez sobre una práctica que llevó a que en 2014 se pagase lo adeudado menos el 12 %. “El principal problema que teníamos entonces era la incertidumbre, principal enemigo de la atracción de inversores privados”, declara María Luisa Gutiérrez, productora de Bowfinger y Amiguetes. “Hasta ahora, el plan financiero para levantar una película siempre tenía una incógnita en cuánto iba a ser la cantidad económica de la ayuda que la Administración le iba a pagar al productor –sigue la también vicepresidenta de AMA (Asociación Madrileña Audiovisual)–. Esta cifra futurible e incierta era un riesgo económico enorme para los productores y los inversores que, al vencimiento de los préstamos, debían devolverlos independientemente de si las ayudas habían sido convocadas o no y de si había habido prorrata por parte del Gobierno”.

¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en cambiar el sistema de financiación del cine? “Es normal que se haya tardado tanto porque es un tema complejo –nos explica Félez–. Hasta el momento no se había conseguido encontrar una fórmula objetivada como la que hay ahora”. Esta fórmula objetiva ha sido concebida para suplir el requisito anterior para la concesión de las ayudas, que era uno de taquilla. Los productores no recibían las ayudas si sus películas no llegaban a los 60.000 espectadores, práctica que desembocó en la compra de entradas por parte de algunas productoras.

La fórmula actual establece un sistema de puntos que servirá para evaluar la elegibilidad de los proyectos. Aún por concretar, algunos de ellos podrían ser la viabilidad económica y financiera del proyecto, la difusión, la distribución y el plan de márketing, así como el carácter innovador o el impacto socioeconómico de la inversión en España. “Es demasiado temprano para lanzar las campanas al vuelo puesto que queda desarrollar los criterios objetivos de valoración y conocer el presupuesto que asignen para estas ayudas anualmente”, comenta en este sentido María Luisa Gutiérrez. Aún así, la respuesta de los productores es muy positiva. “El trabajo de las dos directoras generales del ICAA, Susana de la Sierra y Lorena González, ha sido fundamental –explica José Antonio Félez–. Todavía queda camino por recorrer pero parece que avanzamos hacia un buen sistema que hará posible la pluralidad de la producción cinematográfica española”.