¿Qué consecuencias tendrá la reforma fiscal del cine?

Ni una catástrofe, ni una mejoría: calmados ya los ánimos, parece que las exenciones fiscales de Montoro dejarán a nuestra industria exactamente donde está ahora. Por YAGO GARCÍA

27 de junio de 2014

Parece mentira el revuelo que puede organizar un cambio en un porcentaje. Y un cambio de tan sólo dos puntos, además: el lunes, el Gobierno publicó el anteproyecto de la nueva Ley sobre el Impuesto de Sociedades, según el cual las exenciones fiscales al cine pasarían del 18% al 20% sobre el primer millón invertido, con un tope de tres millones de euros. Una reforma que viene a poner punto final a una pugna muy larga (tras muchos dimes y diretes, las desgravaciones del 18% habían sido prorrogadas en 2011), estabilizando hasta cierto punto el marco fiscal de nuestra industria… Y que sin embargo ha sido criticadísima por una industria que esperaba incentivos de hasta el 30 o el 40 por ciento: “Demoledor, matador”, lo calificaba en El País la productora Emma Lustres (Celda 211), mientras que Enrique López Lavigne repasaba punto por punto las carencias de la nueva norma en un artículo demoledor publicado en El Mundo. Y, en Twitter, J. A. Bayona ponía la guinda del pastel: “Ya puedo olvidarme de rodar Guerra Mundial Z 2 en España”, comentaba el cineasta. Y remachaba: “Debe tratarse de un error”.

Pero no es un error. Mientras el público en general está más pendiente de detalles como la reducción del IRPF para los autónomos, productores y directores echaban pestes sobre un estado de cosas que, a juzgar por sus palabras, no sólo mantendría a nuestro cine en una situación de estancamiento económico, sino que también reduciría su competitividad a la hora de atraer inversiones extranjeras. No obstante, aquí conviene andar como quien pisa huevos: como sabe todo aquel que se ha enfrentado en solitario a una declaración de la Renta, las materias fiscales son más áridas que Mordor y más laberínticas que Gotham City. Por eso, en CINEMANÍA hemos preferido estudiar este asunto consultando directamente a las partes implicadas.

Y un representante de dichas partes es Gonzalo Salazar Simpson. ¿No te suena su nombre? Pues, además del director de la escuela de cine ECAM, estamos ante el máximo responsable de la compañía La Zona, y como tal uno de los productores de Ocho apellidos vascos, ese filme que tantos titulares ha generado a cuenta de su éxito económico. “¿Que cómo habría afectado la nueva ley a Ocho apellidos…? Pues nos hubiera dejado igual”, nos cuenta. Según las cifras previstas en el anteproyecto, su película hubiese tenido derecho a “una desgravación fiscal de 20.000 euros, una cantidad que a la hora de captar inversiones privadas es irrelevante para cualquier película de presupuesto medio”. “Es una reforma insuficiente en un panorama de por sí insuficiente”, añade el productor, señalando que (si las cosas no cambian) la reforma “apenas tendrá repercusión para las producciones normales”.

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Por otra parte, detalla Salazar Simpson, este estado de cosas sigue fiando la financiación de películas a la formación de agrupaciones de intereses económicos (AIE), un tipo de régimen fiscal asociado a las construcciones navales (inserte aquí su chiste sobre Dispongo de barcos) que, pese a lo generalizado de su uso en el cine, puede pecar de farragoso y poco adecuado. Y no sólo eso: “Por desgracia, las AIE siguen ahí”, nos dice, “pero es que además los anticipos sobre los futuros beneficios en pantalla grande y en vídeo han desaparecido, y las aportaciones de las cadenas de televisión caen en picado”. En resumen, según el productor, “hay menos piezas en nuestros planes de financiación, tanto en cuantía como en número”. Pero, pese a ello, no todo son desventajas: la nueva ley haría desaparecer la figura del coproductor financiero, un elemento de la producción cuya situación no quedaba clara a efectos jurídicos.

Dejemos que Salazar Simpson nos explique esto: “¿Quién es exactamente el ‘coproductor financiero’? Según la ley vigente, el ‘productor cinematográfico’ es el que corre con el riesgo de la financiación de una película, pero todo el que aporta dinero también se juega los cuartos”. La desaparición de esta figura, prosigue, dará a las producciones de cine una mayor seguridad jurídica. Lo cual, sumado al hecho de que la cuantía de las desgravaciones pasa a ser indefinida (hasta ahora, estaba sujeta a renovaciones y prórrogas) aportará mejores argumentos a los productores cuando estos lidien con los bancos. Unos bancos que “últimamente han mejorado su actitud, pero que siguen estando muy verdes a la hora de entender cómo funciona el cine”.

“Con tantos obstáculos, da para un videojuego”

Con tanto punto en contra, y tan pocos puntos a favor, ¿podríamos hablar de un tira y afloja entre la industria del cine y el Gobierno? Ramón Colom, presidente de la patronal FAPAE, prefiere ir por partes: “Con el paso del tiempo, la mayoría de los estados de la Unión Europea han apostado por las desgravaciones fiscales, más que por las ayudas directas, para atraer inversores a las películas estrictamente comerciales”, señala. Claro que una cosa es desenvolverse en un panorama como el nuestro y otra hacerlo en el francés, el británico o el alemán, donde dichos beneficios pueden bordear el 30%, y además las subvenciones directas “para películas de enfoque más cultural” siguen siendo generosas. A juicio de Colom, la nueva normativa “resuelve cosas complementarias sin abordar las más importantes” y deja a nuestro cine en una situación en la que “ni salimos de un modelo, ni entramos en otro”.

“El Gobierno tiene que plantearse en serio para qué tiene la Secretaría de Estado de Cultura”, prosigue Colom. Más que nada, explica, porque dicha institución es la “puerta de entrada” de la industria del cine al poder legislativo, “y ahí nos hacen caso, pero cuando se cruza la Plaza del Rey [es decir, en los ministerios de Hacienda e Industria, y el la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones] las cosas descarrilan a base de leyes contradictorias”. “Con tantos obstáculos, daría para hacer un videojuego”, prosigue el presidente de FAPAE, antes de dejar caer que en el ministerio encabezado por Cristóbal Montoro “hay técnicos de economía, pero no de audiovisual: hay que ir a ellos con una actitud muy pedagógica”. Y, más tarde, añade que los expertos del Fisco “viven en una burbuja en la que resulta difícil penetrar”.

Aun así, Colom admite “adoptar un papel más calmado” que sus compañeros de profesión: “La nueva ley es un borrador con un recorrido muy largo por delante, y tenemos seis meses para hacer cambios”, comenta. Aunque sus previsiones para el cine español en este ejercicio son optimistas (“Llegaremos al 28% de cuota de pantalla, y no sólo gracias a Ocho apellidos vascos, sino también a filmes que han tenido éxito y a otros que lo tendrán”) se le nota el anhelo por un sistema similar al francés, basado según él “en que el Estado nos diga cuánto dinero puede aportar y nos deje rodar a nosotros, que somos mayorcitos”. Un anhelo compartido por Gonzalo Salazar Simpson: “Hablando de la legislación francesa, un amigo me decía que en España no hacen falta legisladores, sino traductores. Y tiene razón”.

¿Debería volver ‘El Cid’?

Ahora bien: con tanta desgravación fiscal para nuestros propios productores, estamos olvidándonos de algo que ha causado mucha controversia, y es el incentivo para los filmes extranjeros que se rueden en España. Según nos explica Gonzalo Salazar Simpson, aquí el término crucial es ‘rebait’, la deducción que beneficia a las películas foráneas que se rueden aquí. La nueva norma fijaría este beneficio fiscal en un 15% de lo invertido en suelo español, con un tope de 2,5 millones de euros, algo que el productor de Ocho apellidos vascos considera directamente “una disuasión” para directores y productores. “Está bien que haya un límite, para que así no vengan rodajes para aprovecharse de nuestra fiscalidad”, comenta, “pero ¿esas cantidades?” Los rodajes extranjeros generan beneficio para la administración en forma de impuestos, y de cualquier euro que se gaste aquí el Estado recuperará más de el 15 por ciento”.

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Aquí es donde las posturas de Salazar Simpson y de Ramón Colom difieren radicalmente. Si bien podría confiarse en que una legislación permisiva supusiera un regreso de aquellos años en los que Samuel Bronston (El Cid, 55 días en Pekín) rodaba sus superproducciones en nuestro suelo, dejándose aquí los cuartos y dando trabajo a la industria, Colom exige “unas reglas de juego claras”. Un ejemplo: “Es inadmisible que Fast & Furious 6 [rodada en Tenerife] aparezca en su ficha técnica como una coproducción con España, cuando de española no tiene nada”. Y prosigue: “No queremos que las cadenas españolas de TV inviertan en Exodus [de Ridley Scott, rodada en Almería] sin que en esa película participen productoras españolas, ni equipo español, ni nadie de aquí”. Se trata de filmes, apunta el presidente de FAPAE, que sólo dejan en España “el dinero gastado en noches de hotel”.

Y, para terminar, nos interesamos por los grandes olvidados de esta controversia: los trabajadores del cine español. Es decir, actores, directores, técnicos y demás. ¿Supondrá el nuevo estado de cosas fiscal un beneficio, o un perjuicio para ellos? Ramón Colom cree que lo primero: “Se beneficiarán, porque habrá más producciones y por tanto más oportunidades laborales”. Y apunta acto seguido que “en toda reforma, los que tienen que salir ganando son los profesionales”. En caso de que la Ley del Impuesto sobre Sociedades siga sin cambios, tendremos un ejercicio fiscal para comprobar si esto es así.

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