¿Cuál es el futuro de Seriesyonkis? (y II)

La entrada en vigor de la llamada 'Ley Sinde' está a la vuelta de la esquina, y las webs de enlaces buscan formas de hacerle frente. Si en la primera parte de este informe nuestros expertos Ignacio Escolar, Jesús Rocamora, David Bravo, David Moreno y Jordi Minguell deliberaban sobre los efectos de la ley, en esta segunda y última entrega la conversación se calienta: ¿Por qué la nueva norma ataca a quienes enlazan, y no a quienes albergan contenidos con copyright? Y, sobre todo, ¿encontraremos una solución legal y viable para comprar o compartir películas sin incurrir en delito? Nuevas voces se agregan a la conversación, los teclados echan humo y los servidores se llenan con datos e ideas: este es nuestro vistazo definitivo al futuro de Seriesyonkis.

¿Por qué Seriesyonkis, y no Megavideo?

Hablemos claro: si Seriesyonkis está en el ojo del huracán es porque nos pilla cerca. Como han señalado nuestros expertos, esta web 'sólo' enlaza contenidos protegidos por la ley, limitándose a proporcionar la forma de llegar hasta ellos. Dado que, según Alexa, los usuarios de la página se dirigen inmediatamente al servicio hosting Megavideo, ¿por qué las instituciones no arremeten contra esta empresa (y otras, como Rapidshare, con servidores en Suiza) que sí albergan archivos con copyright?

Jesús Rocamora responde: "La ley tiene un límite: el ámbito español. Servidores como Rapidshare o Megaupload [matriz de Megavideo] están fuera de su jurisdicción en tanto que estén alojados fuera del territorio español. Por tanto, la única manera en que pueden interrumpir de manera efectiva el acceso a contenidos sujetos a derechos es criminalizando el enlace y al enlazador". No obstante, avisa, la cosa podría ponerse aún peor, siguiendo el modelo francés y sus cortes de línea a los usuarios: "La otra opción más fácil, que es tremendamente impopular, sería atacar al consumidor, al que baja contenidos", señala. Rocamora, quien prosigue indicando las quejas de ANEI (Asociación nacional de empresas de Internet) apuntando a la posible "migración hacia otros países de la industria del hosting, lo cual provocaría cuantiosas pérdidas económicas" e incluso de la hipotética "posibilidad de cerrar Google en España".

"Cultura no apunta a nadie en concreto sino a todos en general porque la Ley [Sinde] puede usarse contra prácticamente cualquiera", recuerda David Bravo acerca de una norma a la que se ha apodado como 'ley de la patada en el router'. "Lo cierto es que el procedimiento [previsto por la 'Ley Sinde'] puede abrirse contra las webs que pudieran [cursivas suyas] estar vulnerando la propiedad intelectual en los casos en los que tengan algún tipo de rendimiento económico, por pequeño que sea, o incluso en aquellos casos en los que no lo tengan pero de las que el denunciante considere que pueden causar un daño patrimonial".

Lo cual, explica Bravo, "incluye a un blog personal que tenga publicidad que no da ni para gastos y que suba una foto sin permiso o que cite un libro o que enlace a un vídeo de YouTube". Resumiendo, según nuestro experto: "Un juez diría que algunas de esas conductas son ilícitas y que otras no, pero ahora ya no sería un juez quien decide sino la Administración".

Ahora bien, ¿a quién 'protege' esta posible aplicación indiscriminada de la 'Ley Sinde'? El responsable de Radiocable.com, Fernando Berlín, lo tiene claro: "Cultura no ha tenido valor para enfrentar la raíz del problema sino que ha atacado a la parte más sencilla, el enlace", explica, y añade: "Creo que lo ha hecho por desconocimiento -pues crea una enorme inseguridad jurídica a cualquier página web- y por cobardía -es improbable que se atrevan a emprender acciones contra algunas multinacionales que por un lado les presionan pero que por otro venden tecnologías que facilitan la copia y distribución libre-". La gravedad del asunto, sentencia, reside en que la 'Ley Sinde' "protege a los grandes industriales del mundo editorial y de la distribución cinematográfica y no a los ciudadanos", ni mucho menos a unos creadores a los cuales, precisa, "se les está utilizando".

David Moreno, por su parte, apunta a otra causa más allá de lo legal y jurídico: "Sin duda hay una gran falta de conocimiento técnico por parte de legisladores", indica antes de advertirnos de que el hosting es sólo una cara más del intercambio de archivos: "La falta de conocimiento redunda en que estas medidas pueden paliar el efecto a muy corto plazo, ya que enseguida aparecerá un servicio que sí lo permita y entre dentro de la ley. Por ejemplo el intercambio entre pares (P2P). Además cuanto mas difícil lo pongan mas sofisticados se harán los medios de intercambio, migrando, como ya han hecho algunas grandes redes, a servicios como TOR. La web es solo una de las muchas caras de Internet".

¿Hay una solución legal y viable?

Según las estadísticas que ofrece Alexa (puedes ver sus gráficos abajo), el grueso de la audiencia de Seriesyonkis está formado por individuos de entre 18 y 34 años, sin hijos, con títulos de enseñanza media o superior y que consultan la página desde su domicilio. ¿Es casualidad que este perfil se asemeje al de un parado, o a un trabajador con contrato precario? Según Ignacio Escolar, rotundamente no: "Los usuarios de Seriesyonkis pertenecen a una generación cuya única libertad ha sido el ADSL, víctima de una pérdida de ocio e ingresos", apunta el periodista. "Hablamos de gente que vive con sus padres, que cobra en torno a los 600 euros mensuales y que no puede permitirse un piso propio". El ex director de Público describe el clamor popular contra la 'Ley Sinde' como surgido de la misma raíz "que la oposición a la reforma de las pensiones o la reforma laboral, aunque estas últimas resulten más necesarias".

Si ese es el fundamento del problema con las webs de enlaces, ¿por qué no fomentar la creación de servicios como Mubi o Netflix, que permiten a los usuarios descargar contenidos -o verlos en streaming- a bajo precio, legalmente y con una garantía de calidad? Jordi Minguell apunta a webs españolas de este estilo, ya existentes, como Filmotech y Filmin, antes de indicar que, en EE UU, estas webs legales y viables "[han prosperado] gracias a un marco legal firme y a una demanda potencial en constante crecimiento". En España, precisa Minguell, "tenemos lo último pero no lo primero. No hay más que ver el volumen de las descargas".

Jesús Rocamora, por su parte, nos recuerda que servicios similares asociados al mundo musical como Spotify (que permite escuchar una amplia selección de canciones online, financiándose mediante la publicidad y el pago de cuotas) se hacen notar en la disminución de descargas de archivos de audio. Rocamora apunta también a iniciativas por parte de los usuarios, como el manifiesto originado en Suiza Don't Make Me Stealser ("No me hagas robar"), antes de acudir a su propia experiencia: "Yo desde mi Xbox 360 y mi PS3 puedo ver películas como en un videoclub, que tras el visionado o el periodo de alquiler, 'desaparecen'. Se pueden ver por streaming y sin necesidad de "bajar" nada", remacha.

Repasemos: se trata de usuarios de bajo poder adquisitivo, presos en muchos casos de una inquietud social, irritados con una norma de dudosas repercusiones y a los que, en muchos casos, no importa pagar una pequeña cantidad a cambio de contenidos que en su opinión la merezcan. ¿Por qué la industria no reacciona de acuerdo con sus demandas? "En mi opinión", prosigue Jesús Rocamora, "porque la industria cultural se aferra el viejo modelo de negocio, que incluye una cadena donde intervienen otros agentes (en el caso del cine, como los exhibidores, es decir, las salas de cine, que en el modelo de internet no verían un duro)".

Fernando Berlín es de un parecer similar, pero apunta a los requisitos que deberían reunir esas webs: "Se debería ofrecer un modelo de pago barato si está recién estrenada y muy, muy barato si ya lleva tiempo en cartelera. La gente prefiere pagar poco -incluso cada vez que vuelva a ver una película- a pagar el precio de siempre y guardarla en su ordenador de por vida".

Ahora bien: nuestros expertos citan a la industria como la gran responsable de que estas iniciativas no se implementen. "Los tenedores de los derechos del contenido audiovisual saben que, si restas precio a un elemento de la escala de distribución, tienes que abaratar también el resto", añade Ignacio Escolar. "Sus responsables no se fían de internet, y además tienen miedo de que, si se recortan sus ganancias por distribución en salas -por ejemplo- se molesten los servicios de pay per view, las cadenas de alquiler y venta de dvd, etcétera". El periodista no comparte las esperanzas de Jordi Minguell sobre webs españolas como Filmotech y Filmin, que cuentan con apoyo institucional: "Esas webs bloquean el mercado sin ofrecer alternativas: venden sus películas más caras que en una tienda, y sin contenidos adicionales. Netflix, por ejemplo, ofrece 3.000 películas recientes en streaming por una tarifa plana de unos 8 euros, con opción a adquirirlas en dvd. Si no hay en un equivalente en España, el dinero se va a Megavideo". El problema, sentencia, reside en "intermediarios colgados de poder".

Es decir, confirma Jesús Rocamora, que "A la industria no le interesa un modelo basado en internet que, además, le impide tener control total sobre los calendarios, como es el caso del cine: la industria te dice cuándo ver una película en España, si doblada o en versión original, en 3D o 2D, cuántas semanas está en cartelera, etc, así como su vida útil: primero estreno en cine, luego DVD, luego televisión".

David Bravo coincide en señalar a Mubi y Netflix como "un buen paso adelante". Bajo la idea de que "lo que es disfrutado por todos debe ser sostenido por todos", el abogado propone un modelo similar a la Licencia General Opcional, iniciativa gestada en Francia que proponía el pago de una tasa para descargar contenidos, sin necesidad de abonarlos individualmente. La ventaja de este modelo, precisa Bravo, consiste en no ser un sistema arbitrario como el presente 'canon digital'. Respecto de la viabilidad comercial de estos sistemas, se muestra claro: "Se trata de un problema que la industria lleva tiempo pretendiendo cargar sobre nuestros hombros, como si el hecho de que nosotros no le regalemos ideas de negocio sugerentes justificara sus propuestas legales represoras". A él, resume, los problemas de la industria le preocupan "tanto como a ella le preocupaba que, en mi adolescencia, sus precios me vetaran de facto todo conocimiento".